En la negociación del salario mínimo (SM), el país debe tener en cuenta aspectos que siempre se han pasado por alto, como la carencia de representación de gran parte de los trabajadores, y otros que son producto de la disaster ocasionada por la pandemia, como el deterioro social.
La tasa de desempleo es alta. Alcanzamos niveles similares a los de comienzos del siglo (20%); en esa época tomó 10 años volver a tasas de un dígito, a pesar del auge económico por la bonanza de precios de los productos básicos. La Ocde prevé para 2022 una tasa de desempleo del 13%, que revela un lento ajuste hacia tasas menores del 10%.
También es alta la tasa de informalidad. Medida por afiliación al sistema pensional, fue del 62,5% en el trimestre agosto-octubre; 12,7 millones de trabajadores son informales, mientras que 7,6 son formales. Ese grupo sumado a los desempleados totalizan 16,5 millones de personas y son el 68,4% de la población económicamente activa; ellos no participan en la negociación del SM, pero sí son afectados por sus decisiones.
Según la Ocde “el elevado salario mínimo contribuye a la informalidad”; Ese organismo incluye cinco economías de la región (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) y Rusia en el cálculo del SM actual en dólares a precios de paridad; entre ellos Colombia tiene el segundo más alto. Por contraste, las estimaciones de la OIT indican que, en ese grupo, Colombia tiene la más baja productividad actual en dólares a precios de paridad.
Así mismo, el SM equivale al 90% del salario mediano –una de las relaciones más altas del mundo–, lo que muestra su baja aplicación en el país. En el estudio Colombia: Financial Evaluation 2013, la Ocde encontró que solo en Bogotá el salario mediano es superior al SM; en las demás regiones, especialmente en las más pobres y menos productivas, es igual o inferior.
La población que se ve forzada al rebusque en la informalidad hace trabajos de baja productividad, sin protección social y con menores remuneraciones. Según el Dane, en el periodo enero-octubre el 48,6% de los trabajadores ganó menos del 0,9 del SM, mientras que solo el 22,5% obtuvo entre 0,8 y 1,1 SM; además, un estudio de la Universidad de los Andes afirma que, por la pandemia, “la proporción de hogares que reportaron cero ingresos laborales pasó de 1% a ten%” (“La afectación efectiva del empleo en la pandemia”).
Las consecuencias son mayor pobreza y menor bienestar. La encuesta “Pulso Social” del Dane evidencia que un creciente número de hogares redujo el consumo de alimentos. Antes de la cuarentena 6,7 millones de hogares en 23 ciudades accedían a comidas al día; en octubre lo hicieron 5,4 millones, pero los hogares que consumían dos comidas o menos subieron de un millón a 2,3 millones.
En síntesis, urge reducir rápidamente el desempleo y generar ingresos y protección social para el 68,4% de los trabajadores que no tienen representación en la negociación del SM. Por eso tiene mucho sentido el plan de emergencia planteado por exministros, empresarios y académicos, en el que se propone permitir temporalmente la creación de nuevos puestos de trabajo con remuneración del 80% del SM, con aportes a salud y ARL.
Hernán Avendaño Cruz
Director de Estudios
Económicos Fasecolda
