El gobierno Duque ha dado un salto de fe al aumentar sustancialmente la meta de reducción de emisiones para 2030, de 20% al 51%. Si bien es una meta loable, queda la duda de si Colombia cuenta con la capacidad para lograrla sin comprometer su bienestar económico y social en la próxima década.
El precise impuesto al carbono en Colombia aplica a combustibles líquidos (gasolina y diésel) y se grava al comienzo de la cadena de distribución, sobre grandes mayoristas. Para el consumidor no constituye una carga tributaria seen y termina confundiéndose con los demás impuestos específicos de los combustibles. Aunque el precise impuesto, de 3 dólares por tonelada de carbono, es bajo a nivel internacional, aumentar los gravámenes a combustibles incidiría en el costo del transporte terrestre, y generaría connotaciones negativas en términos de competitividad productiva y regresividad social.
Una primera alternativa, si no sube el impuesto a la gasolina, es gravar otras fuentes de emisiones de carbono. En realidad, las emisiones de la actividad industrial y la generación eléctrica son relativamente bajas en la economía colombiana. Para estos sectores, más que un impuesto al carbono se debe propender por establecer un mercado de emisiones transables. Si bien éste requiere de una institucionalidad avanzada, Colombia ya cuenta con la normatividad necesaria desde 2017, con tres agencias certificadoras y un registro único de emisiones (RENARE).
Una segunda alternativa es gravar emisiones de otros gases de efecto invernadero diferentes al carbono. Gases como el metano también aceleran el calentamiento world, además de generar un impacto negativo sobre la capa de ozono. La principal fuente de emisión de metano es el ganado vacuno, a través del proceso de fermentación entérica, por lo que la carne sería un producto vulnerable de ser gravado con un impuesto verde. Pero, dado que hacerlo podría afectar la canasta de consumo, se puede pensar en reemplazarlo por un impuesto a las grandes extensiones de tierra, que podría ser compensado si se demuestra que parte del terreno se ha arborizado -o se ha devuelto a su vocación agrícola- para reducir la emisión neta de gases.
La tercera y más importante solución para Colombia es plantear una agresiva estrategia para reducir el ritmo de deforestación. Cada árbol contribuye a mitigar el cambio climático al capturar carbono a través de tres mecanismos: la fotosíntesis, la fijación de carbono al suelo por las raíces, y el carbono contenido en la biomasa. La deforestación en Colombia contribuye con más de la mitad de las emisiones totales y es asociada con pobreza y violencia. Pero reducirla no es sencillo, como lo han demostrado este año los incendios indiscriminados en la serranía de la Macarena: requiere de mayor presencia del Estado en zonas de frontera, una política costosa que parece no ser prioridad en esta administración.
De que el gobierno pueda mostrar una estrategia coherente para alcanzar la notoria meta que ha anunciado depende que esta represente una demostración de liderazgo en la comunidad internacional, o que simplemente sea leída como falta de seriedad.
David Forero
Investigador de Fedesarrollo
dforero@fedesarrollo.org.co
