Monterrey, NL. De los servicios de salud y de asistencia social como proporción del Valor Agregado Bruto, las menores aportaciones se registraron en los gobiernos de Coahuila (8.4%), Baja California (9.1), Oaxaca (10%), Sinaloa y Nuevo León (10.2% en cada entidad), indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Sistema de Cuentas Corrientes y de Acumulación en los gobiernos estatales y locales de 2019.
Por el contrario, las entidades que más han erogado por este concepto, sobresalen Quintana Roo (20.1%), Estado de México (9.3%), Tabasco (18.9%), y Guanajuato (17.5%).
En el caso de Nuevo León, Roy Luka Lavcevic de la Torre, subsecretario de competitividad en la Secretaría de Economía y Trabajo estatal, comentó a El Economista: “basado en el documento del Inegi, sobre el porcentaje del valor agregado, este es relativo, porque si bien en salud se menciona que Nuevo León destina el 10% de su Valor Agregado Bruto (VAB), este es mucho más alto que en otras entidades federativas”.
Agregó que en términos relativos pudiera ser un porcentaje más bajo, pero en números absolutos no es así.
Por otra parte, destacó que hay que tomar en cuenta que en Nuevo León hay un alto número de trabajadores formales registrados ante el IMSS y por ser un organismo federal, no está contabilizado en las estadísticas estatales a las que se refiere este documento.
Además, mencionó que hay un alto porcentaje de la población en Nuevo León, que tiene acceso a la salud privada.
Durante 2019, los gobiernos estatales y locales contribuyeron al Valor Agregado Bruto (VAB), con un millón 305,356 millones de pesos corrientes. De dicho valor el 44.2% correspondió a la prestación de servicios educativos, 43.2% a las actividades de gobierno y 12.6% a los servicios de salud y asistencia social.
Del complete de este Valor Agregado Bruto, los gobiernos estatales contribuyeron con el 80.8%, los gobiernos locales con 12.6% y el gobierno de la Ciudad de México con el 6.6 por ciento.
El Valor Agregado Bruto (VAB) es el principal componente del valor generado por los servicios públicos, que de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), se puede agrupar en: actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, que son comprendidas en actividades de gobierno.
