El Consejo de Ministros dio ayer dos pasos hacia el futuro del sector energético que lo deben dotar de la tan necesaria predecibilidad. Por un lado, aprobó por actual decreto el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, una medida largamente esperada que beneficiará a 612 empresas de alto consumo, rebajará su recibo eléctrico y aumentará por tanto su competitividad a cambio de asumir compromisos de continuidad, eficiencia energética e inversiones en I+D+i. Por otro, aprobó un anteproyecto de ley a instancias del Ministerio de Transición Ecológica que supone un giro de gran calado para el sector energético y que, de entrada y a falta de los detalles, está destinado a mejorar el marco regulatorio, equilibrar el diseño de las tarifas y que salvo sorpresas servirá para borrar indeseables rémoras del pasado.
El Gobierno creará el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que gestionará el IDAE, para sacar las primas a las renovables de los costes fijos de la factura eléctrica con el objetivo de bajar el precio de la luz, un recorte que calcula en el 13%. Según el diseño, su financiación, que se eleva a 7.000 millones de euros anuales correspondientes a las inversiones de la primera década del siglo al calor de los incentivos públicos, deberá ser asumida a partir de ahora por el medio millar de empresas comercializadoras de energía e impedirá, según el ministerio que dirige Teresa Ribera, una importante subida de los costes fijos del recibo de la luz para los consumidores. El fondo asumirá también los costes asociados al régimen específico de la cogeneración y los residuos y sustituirá, en un periodo de cinco años, cargos fijos incluidos hoy en los peajes de acceso de la factura eléctrica tanto para los hogares como para las empresas.
Evitar la fuerte subida automática del precio de la electricidad, como ocurre ahora, debe ser saludado, ya que España es uno de los países con la energía más cara entre las economías equiparables, con lo que eso significa en términos sociales y de freno al desarrollo. Pero además es una decisión ligada con coherencia a los objetivos de desarrollo sostenible y electrificación de la economía, equilibra el sistema y, sobre todo, da certidumbre a los actores del sistema para afrontar las cuantiosas y urgentes inversiones necesarias en los próximos años.
Que el fondo, como ha dicho el Gobierno, pueda complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y partidas de los Presupuestos del Estado obliga a una reconsideración sobre la responsabilidad financiera con que se cargará a las empresas y abre nuevas incógnitas. Estas podrían repercutir los costes a los usuarios, algo que dependerá del nivel de competencia que se consiga. En todo caso, se trata de un avance para que los ingresos del sistema eléctrico cubran siempre los costes y evitar la pesada losa recurrente del déficit de tarifa.
