Desde antes de que la pandemia golpeara al país, el debate sobre la necesidad de crear un programa de renta básica common para la gente con problemas económicos ha estado sobre la mesa.
Y no solo en Uruguay. Es que los cambios tecnológicos acelerados que vive el mundo, sumados a la deslocalización de buena parte de los puestos de trabajo industrial hacia China, han dejado a porcentajes crecientes de las sociedades en situación de extrema fragilidad.
Pero en estas últimas semanas, el tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Por un lado, por el empuje del Pit-Cnt y algunos grupos de izquierda radical, que parecen creer que el dinero crece en los árboles, y que el gobierno simplemente no implementa una medida de este tipo por desidia, egoísmo, o mala fe. A estas propuestas populistas y demagogas, hay que sumar una bien diferente, planteada en estas horas por el exviceministro de Economía, Pablo Ferreri, que de una manera mucho más articulada, y aclarando que sería solo hasta que se pueda implementar un plan masivo de vacunación, una solución de este tipo sería lo único que podría evitar que miles de uruguayos caigan en la pobreza.
Para empezar a analizar el tema centrados en Uruguay, hay que decir que cuando todavía el Frente Amplio period gobierno, la OPP y la Facultad de Economía hicieron un estudio al respecto, que mostró que dar a los ciudadanos una renta básica de entre 10 o 12 mil pesos, sería algo demasiado costoso. Sus cálculos señalaban que esa medida costaría casi 30 puntos del PBI, o sea algo absolutamente impagable. Claro, y hay que aclararlo, que ese estudio implicaba pagar esa renta mínima a todos los ciudadanos, sin importar su situación económica o laboral.
Este estudio fue olímpicamente ignorado por los propios dirigentes del Frente Amplio, apenas dejaron el gobierno. Por ejemplo, cuando arrancó la pandemia en marzo, además de exigir una cuarentena forzosa y convocar a cacerolear contra un gobierno recién electo en las urnas, dirigentes como Javier Miranda o Daniel Olesker, volvieron a la carga con esa thought. En aquel momento decían que solo sería por tres meses, y costaría “apenas” 250 millones de dólares. Imagínese si el gobierno hubiera aceptado este “aporte” de los dirigentes opositores, y hubiera creado esa renta common, hoy llevaríamos gastados en eso unos 750 millones de dólares. Y si sumamos los meses que faltan para que la vacuna termine con este flagelo, ese proyecto terminaría costando más de mil millones. Para que tenga una thought, eso es más de la mitad de lo que generará en 2020 todo el país en exportaciones cárnicas. Una locura.
Más allá del tema costo, en un país que quienes recomiendan estas medidas dejaron con un agujero de más de 1.500 millones de dólares por año que hay que cubrir con deuda, hay un tema filosófico. Hablamos del impacto que tiene en una sociedad, que un porcentaje importante de su gente, dependa para vivir de transferencias públicas. Eso podrá parecer inocuo para gente que cree que el estado debe operar como si fuera una especie de entidad paternal de los ciudadanos, algo muy común entre las “viudas” del socialismo actual, y seguidores de Maduro, Kirchner y esa banda.
Pero para quienes creen que la persona es dueña de su destino, y que los incentivos de una sociedad abierta y competitiva son los que generan el crecimiento sano y sostenible en un país, un planteo de este tipo presenta desafíos muy profundos.
Ese tipo de concepts son las que llevaron a que casi un 80% de los suizos rechazaran hace unos años una propuesta de esta clase. O a que los finlandeses, que hicieron un experimento muy serio con el tema, terminaran desechando esa posibilidad.
Crear un instituto de este tipo hoy, con las presiones de la pandemia y teniendo el país otros mecanismos de ayuda social efectivos, parece un despropósito. Pero a futuro, se debería estudiar como forma de mitigar el impacto social del virus y de los cambios en el trabajo.
Lo que queda claro es que una iniciativa así, es cara, es peligrosa y puede ser altamente contraproducente para una sociedad, dependiendo de como se implemente. Pero en un momento tan complicado a nivel mundial, no solo por la pandemia, sino por el impacto normal de los cambios en el mercado laboral, tampoco puede ser desechada sin más.
Tal vez este no sea el mejor momento de analizarlo y Uruguay ya cuenta con mecanismos de apoyo social como para capear estos meses que quedan hasta que se pueda vacunar masivamente. Pero a futuro el sistema político debería tener la madurez suficiente como para analizar, sin vendajes ideológicos y sin consignas huecas, cómo va a hacer para compensar los efectos a largo plazo de la pandemia y del mundo del trabajo en normal. Allí sí se podría estudiar algo en esta línea y analizar su viabilidad.
