El 47% de la población española de entre 21 a 42 años, los denominados ‘millennials’, carece de opinión sobre la reducción de las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales, según se desprende de dos encuestas elaboradas por el Instituto BBVA de Pensiones este año y difundidas por Inverco este miércoles.
Excluyendo los que carecen de opinión, las proporciones de entrevistados a las que la propuesta de reducir el límite de aportación a los planes de pensiones individuales les parece mal superan claramente a las de los que opinan lo contrario, según un análisis de estas encuestas por los profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Luis Garrido y Elisa Chuliá.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021 rebaja de 8.000 a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y del cónyuge, lo que supone una reducción del 75%, la mayor desde que se regularon estos vehículos de ahorro en el país.
Según este análisis, el nuevo límite se sitúa por debajo del que, hace más de 30 años, reconocía la Ley 8/1987 reguladora de los planes y fondos de pensiones en España. Los incentivos a las aportaciones han sufrido diversos recortes desde 2007, pero “nunca” desde que se creó la previsión social complementaria en España se había efectuado una reducción tan radical como la prevista en el proyecto presupuestario.
Para los expertos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología la UNED, esta disminución “tan acusada” del límite de aportación a planes de pensiones individuales inhibe el desarrollo del tercer pilar del sistema de pensiones y se explica por “una voluntad explícita de debilitarlo”.
Recortes tanto de PP como de PSOE
Desde 1989 y hasta 2007, tanto los gobiernos del PSOE como los del PP aumentaron en diferentes ocasiones el tope máximo, que desde 1992 se estableció en 750.000 pesetas (4.500 euros); desde 1998, en 1,1 millones de pesetas (6.600 euros); desde 2003, en 8.000 euros, con un aumento de 1.250 euros anuales por cada año de edad cumplido a partir de los 52, hasta un máximo de 24.250 euros para los mayores de 65 años; y desde 2007, en 10.000 euros para contribuyentes menores de 50 años, y 12.500 euros para el resto.
Los límites a las aportaciones deducibles efectivos desde 2007 se mantuvieron durante la disaster financiera y en 2014, tras tres años consecutivos de crecimiento de su patrimonio, el primer Gobierno de Mariano Rajoy redujo la aportación máxima deducible a 8.000 euros anuales, independientemente de la edad de los contribuyentes.
Relación entre incentivos fiscales y suscripciones
El estudio señala que el descenso de partícipes en los años posteriores a la reducción de aportaciones deducibles no permite establecer relaciones causales concluyentes, pero sí sugiere que los ajustes de los incentivos fiscales inciden negativamente en la suscripción de planes de pensiones.
Desde 2015, el número de partícipes de planes individuales inició una senda de ligero descenso hasta colocarse en 2020 en el entorno de 7,5 millones, aproximadamente el nivel al que habían llegado en 2004 y 2005, con un patrimonio cercano a los 77.500 millones de euros.
Sin respaldo de la AIReF o e lPacto de Toledo
Asimismo, el informe incide en que la reducción del límite de aportación no encuentra respaldo en el Pacto de Toledo, cuyo informe más reciente mantiene la recomendación de dotar de estabilidad al precise modelo de previsión social complementaria y no establece ninguna relación causal con el reforzamiento de los planes de pensiones de empleo.
En cuanto a la opinión de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), los expertos aclaran que la institución ha llamado la atención sobre el mal diseño de este beneficio, pero no ha propuesto su contracción, sino su “reformulación completa” de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo.
