Por Signos vitales
Además de todas las dolencias económico-sanitarias que enfrenta el país, la alternativa que ha seguido el gobierno en apoyo a los grupos vulnerables ha sido limitada. Desde la puesta en marcha de los Programas Sociales en 2018, los grupos más favorecidos han sido los jóvenes sin condiciones laborales y los adultos mayores; descobijando tajantemente grupos vulnerables como los de la primera infancia, los grupos de trabajadores -informales y formales- y mujeres que han sido afectados por la pandemia.
El escenario que enmarca los programas sociales en México, pone en evidencia el lugar que la política social tiene en la agenda del gobierno. Esto, al mostrar una ausencia de estructuras sólidas en materia institucional, presupuestal y sobre todo normativa, que garanticen el cumplimiento de sus objetivos de forma eficiente, efectiva, equitativa y transparente. El manejo de la política social en los últimos 15 años, logró elevar el nivel de vida de los mexicanos en materia de salud, el acceso a los servicios básicos y a la vivienda. Estos resultados se han visto reflejados en la disminución de la pobreza (de 44.4 por ciento en 2008 a 41.9 por ciento en 2018) y la pobreza extrema (de 11 por ciento a 7.4 por ciento para los mismos años). Si bien la retórica discursiva que maneja el gobierno precise refiere a un alejamiento de la política social implementada en administraciones pasadas, en la práctica no ha sido diferente, se trata de la continuidad en materia social que no ha tenido un cambio dramático en reformas más ambiciosas que defiendan realmente a los grupos vulnerables.
Los programas sociales de la presente administración, fueron implementados bajo la promesa del Ejecutivo Federal de impulsar el crecimiento, sujeto a lo mandatado por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Dicho Plan plantea, en el eje 2 de la Política Social, nueve programas sociales que fueron diseñados bajo la directriz de “Construir un país con bienestar”. Sin embargo, no solo la desconexión entre los programas sociales y la pobreza se hace evidente, sino que además se presentan otras deficiencias como la falta de transparencia (debido a la poca claridad metodológica y posteriores resultados) y las debilidades en el diseño e implementación de dichos programas sociales, mismas que dio a conocer el CONEVAL en la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo, dentro de los que entran los Programas Sociales 2019-2020.
Bajo ese esquema, el despliegue de beneficiarios ha atendido a criterios diferentes a los que dicta la dinámica de la pobreza, dejando ver los caminos político-proselitistas bajo los que se ha regido la política social. Tal y como se presenta en el Reporte 2 de Signos Vitales “México enfermo con indicios de un régimen totalitario” son CDMX (16.03) y Aguascalientes (12.26) las entidades que mayor número de beneficios sociales reciben en promedio por cada habitante en situación de pobreza extrema, mientras que Chiapas (1.90), Guerrero (1.59) y Tabasco (2.07) son quienes menos apoyo social reciben. Esta información pone en evidencia la incongruencia de los programas y la ineficacia de su operatividad para lograr el objetivo de atender a los más pobres, es decir a aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema.
Por otro lado, las limitantes que señaló el CONEVAL en la evaluación a los Programas Sociales refieren a: 1) Inconsistencias respecto de las reglas y mecanismo de operación vigentes. 2) Se originan problemas de penetración bancaria, efecto que limita la cobertura de los programas. 3) Se pone en evidencia la poca coordinación entre los programas y dependencias a fin de coordinar y fortalecer objetivos. 4) Falta de consistencia en los planteamientos de los problemas de los programas. 5) Se requiere una mayor precisión en la formulación del problema social al que se enfoca.
Una de las limitantes más preocupantes que refiere a los programas son los problemas de diseño como: el diagnóstico, árbol del problema, las Reglas de Operación y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); obstáculos que impiden generar una ruta que permita el óptimo ejercicio del gasto público imposibilitando la implementación de un modelo de Gestión por Resultados (GpR), que vaya trazando las rutas por las que la política social debiese transitar.
En ese sentido, la disaster sanitaria se traduce en una disaster económica y social que sobrepasa las capacidades y propuestas hasta ahora implementadas por el gobierno en turno, trayendo consigo problemas de gobernabilidad y al mismo tiempo evidenciando la falta de liderazgo de un gobierno que en principio velaba por los grupos más vulnerables.
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