Sin ningún sustento de fondo sobre los temas de amenazas de riesgo de inundación de la ronda del río Bogotá, cuya zona se ajustó en el año 2018, la Secretaría De Planeación (SDP) ha expedido un acto administrativo que regresa el manejo de la ronda hídrica a la situación existente en el año 2013, desconociendo importantes inversiones que han realizado la CAR y el Distrito Capital para mejorar el manejo hídrico del río.
El decreto expedido por SDP ni siquiera consultó a IDIGER, entidad responsable del manejo de amenazas de desastres para borrar de tajo el esfuerzo realizado en los últimos años por las entidades ambientales, la entidad competente en el tema.
Las consecuencias sobre el proyecto Metro no pueden ser más preocupantes. El predio de El Corzo, donde se construiría el patio taller de la primera línea de metro no sería apto de acuerdo con la nueva disposición de la administración de Claudia López, al encontrarse dentro de la zona de inundación del río.
Los estudios realizados para escoger este predio evaluaron varias opciones, escogiendo al predio de El Corzo como el más viable técnica y financieramente.
Los diseños de la primera línea de metro se basan en esa primera decisión, y definen las condiciones contractuales para el desarrollo del proyecto con el consorcio chino que avanza en su construcción.
Este componente del metro, sería uno de los primeros en el cronograma de construcción, al no tener tantos desafíos en términos de predios y redes de servicios públicos.
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El inexplicable acto administrativo de SDP fragiliza el proyecto, así inicialmente la secretaria de Planeación argumente lo contrario. Seguramente esta actuación no se hizo de manera coordinada con todos los actores que podían verse afectados. En el caso del sector movilidad, además del metro, la troncal de Transmilenio de la Calle 13 y varios trazados viales se ven afectados.
La complejidad del proyecto Metro hace indispensable una coordinación intersectorial absoluta de todas las entidades del sector, que evite sobrecostos y retrasos.
Esta nueva resolución, que no tiene ningún sustento de fondo, cambia las reglas contractuales del proyecto Metro, de 16 billones de pesos, que cuenta con la cofinanciación de la Nación y con recursos de 3 entidades multilaterales.
Varias decisiones de la Administración generan incertidumbre sobre los riesgos políticos y regulatorios que considera el sector privado para tomar decisiones de inversión y de financiación de grandes proyectos. Finalmente, estos se volverán más costosos o simplemente inviables. Bogotá se convierte en una ciudad bananera.
Estos cambios caprichosos y ligeros de la regulación denotan un análisis insuficiente para tomar decisiones trascendentes. SDP debe reversar esta desafortunada actuación.
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*JUAN PABLO BOCAREJO
PHD EN TRANSPORTE Y PROFESOR ASOCIADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
EN TWITTER: @Bocarejo_JP
