No tenía miedo. Quizá confiaba mucho en su equipo de seguridad o simplemente no la vio venir, pero el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz, asesinado en Puerto Vallarta esta madrugada, no tenía un despliegue de seguridad distinto, incluso period, si no menor sí más discreto que el de otros funcionarios o exfuncionarios. En un asesinato de este tipo se corre el riego de sobre interpretar, pues los datos se resignifican a la luz de los acontecimientos, pero vale la pena tener en cuenta algunos de ellos como contexto para tratar de entender ante qué estamos.
El exgobernador y el crimen organizado
La violencia marcó a Sandoval Díaz desde los primeros días de su Gobierno e incluso antes, cuando un amigo suyo fue asesinado en sus narices a la salida del Estadio Jalisco. A unos días del arranque de la Administración, en marzo de 2013, fue asesinado en las calles de Guadalajara, a plena luz del día, el secretario de Turismo, Jesús Gallegos. Las investigaciones atribuyeron el asesinato al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los asesinos detenidos señalaron como móvil el que el secretario estaba involucrado en sus negocios personales con otro grupo felony, concretamente los Caballeros Templarios.
Dos años más tarde, el 1 de mayo de 2014, en un intento de detener al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes conocido, como El Mencho, se desata la violencia en el Estado. El resultado es, además de narcobloqueos que paralizan Guadalajara, el derribo de un helicóptero de las Fuerzas Armas en Villa Purificación, en la zona de management del cartel, lo que es considerada la peor derrota del Ejército en un enfrentamiento con la delincuencia organizada. Cuatro años más tarde, la organización atentó, sin éxito, contra el exfiscal del Estado Luis Carlos Nájera en un restaurante. El exfuncionario salió ileso, pero quedó claro que el esquema de seguridad del Gobierno estaba herido de muerte. El sexenio de Sandoval Díaz estuvo marcado de principio a fin por enfrentamientos con el cartel que más se fortaleció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Puerto Vallarta y el Cártel Jalisco
A pesar de ser una de las ciudades que tiene mejor percepción de seguridad, Puerto Vallarta, segundo destino turístico del país, tiene una presencia y dominación plena del Cartel Jalisco Nueva Generación, que ha demostrado ser dueño y señor de las calles de la localidad desde hace años, a pesar de la fuerte presencia de la Marina y el Ejército. Tres hechos que antecedieron al asesinato de Sandoval hablan de la impunidad y management que tiene este grupo felony en esa plaza. El secuestro de los hijos del Chapo Guzmán en el restaurante La Leche, en pleno bulevar Medina Asencio, en agosto de 2016. El secuestro y asesinato de un grupo de turistas de Guanajuato que estaban haciendo desmanes en las calles de la ciudad, en julio de este año. Los vecinos, lejos de acudir a la policía municipal, llamaron a integrantes del cartel para que pusiera orden a su manera. Por último, el secuestro y asesinato, en noviembre pasado, del empresario inmobiliario Felipe Tomé, aparentemente vinculado con un litigio de tierras en la zona turística. Menos de un mes después de este crimen, también cometido sobre el bulevar Francisco Medina Ascencio, se registra el asesinato del exgobernador.
El lugar común de los cuatro eventos, tres de ellos en el último semestre, es la impunidad con la que actúa el CJNG. Buena parte de los bares y restaurantes, como quedó en evidencia en este asesinato, están o bien en manos del crimen organizado o bien atemorizados por este. Lo cierto es que el verdadero Gobierno de Puerto Vallarta no es ni el municipal, ni el estatal ni el federal sino el crimen organizado.
Confrontación y falta de coordinación entre Jalisco y la Federación
La pugna entre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, líder seen de la oposición tiene consecuencias. Si bien es cierto que el gobierno federal ha sido igualmente omiso en todo el territorio nacional y no tiene una verdadera estrategia de seguridad más allá de la creación de una policía militarizada llamada Guardia Nacional, las pugnas políticas han propiciado un distanciamiento y ausencia de los miembros de las fuerzas federales en Jalisco. Resulta incomprensible que tras los hechos de julio y noviembre la Guardia Nacional no hubiera incrementado su presencia en Puerto Vallarta, como también que la Administración de Alfaro no haya puesto mayor atención a lo que pasa en la segunda ciudad más importante del Estado.
Un asesinato de este tamaño saca a la superficie la falta de respuesta del Estado, desde el gobierno federal hasta el municipal, frente al crimen organizado. La impunidad ciertamente no es, como cube el presidente, igual que en sexenios anteriores: es aún mayor.
